Las universidades estatales del Consejo de Rectores, en particular las universidades de Chile y Santiago, han planteado con fuerza la necesidad que se le asigne un monto mayor de recursos públicos. El planteamiento en general es atendible: el gasto público en educación superior alcanza en nuestro país el 0,5% del PIB, menos de la mitad del gasto en la OCDE.
Pero el argumento requiere afinamientos. En primer lugar, porque el gasto público en Chile por estudiante de educación superior, respecto de su ingreso per cápita (quizás la mejor manera de medir los el esfuerzo que se hace) es de los más altos del mundo. Pero ese esfuerzo adecuadamente combinado con becas y créditos estudiantiles, es apropia do en un país con fuertes desigualdades y altos retornos a la educación superior.
En Chile un graduado de este sistema gana un poco más de cuatro veces que uno que ha egresado de secundaria. En los países industrializados esa razón no supera las dos veces. En ese sentido la afirmación de que con más financiamiento basal se podría reducir los costos de docencia es una propuesta que tiene mucho de demagógica y poco de eficiencia social. Pero claro las instituciones de educación superior también proveen bienes públicos como ciencia, tecnología y cultura. Al país le conviene que ella sea financiada adecuadamente pero sin olvidar que los retornos sociales de la inversión son mayores en las etapas iniciales de la vida escolar. Un segundo afinamiento supone reconocer que solo algunas de las universidades del Consejo de Rectores, tanto estatales como privadas tienen ventajas para proveer esos bienes.
Eso no significa que otras universidades no tengan un papel significativo que cumplir proveyendo docencia y bienes públicos específicos, pero eso no las hace universidades complejas o de investigación avanzada. Entonces la petición por mayores recursos para universidades estatales tiene, tarde o temprano, que balancearse con reestructuración significativa de otras universidades estatales.
Una tercera condición es que los recursos no sean entregados automáticamente a través de asignaciones presupuestarias. Las mejores universidades estatales estadounidenses (California – Berkeley, Virginia, California – Los Angeles, Michigan, North Carolina y Wisconsin, entre otras) reciben sólo un 6% y 22% de sus ingresos a través de esta vía, por supuesto, reciben también dineros de proyectos federales y estatales, pero a través de asignaciones competitivas y abiertas.
Esta forma de asignar recursos es indispensable para que las universidades líderes puedan ser desafiadas y se vean obligadas a mantener altos estándares académicos y de investigación. Algunos de los cambios ocurridos en las políticas de Conicyt y la estrategia que aspira a consolidar el Consejo de Innovación, que están allegando nuevos recursos a las universidades, van en esa dirección.
Un cuarto requisito, que está emparentado con el anterior, es que las universidades tienen que ser capaces de mostrar su relevancia.
Las universidades estadounidenses y las europeas, cada vez más, están accediendo a volúmenes crecientes de recursos del sector privado. El crédito tributario a las inversiones en investigación y desarrollo aprobado hace poco es un buen puente para lograr este objetivo. Hay que reflexionar, entonces, sobre la petición de más recursos públicos para las universidades estatales, pero atendiendo a consideraciones como las que aquí se han hecho.
Pero el argumento requiere afinamientos. En primer lugar, porque el gasto público en Chile por estudiante de educación superior, respecto de su ingreso per cápita (quizás la mejor manera de medir los el esfuerzo que se hace) es de los más altos del mundo. Pero ese esfuerzo adecuadamente combinado con becas y créditos estudiantiles, es apropia do en un país con fuertes desigualdades y altos retornos a la educación superior.
En Chile un graduado de este sistema gana un poco más de cuatro veces que uno que ha egresado de secundaria. En los países industrializados esa razón no supera las dos veces. En ese sentido la afirmación de que con más financiamiento basal se podría reducir los costos de docencia es una propuesta que tiene mucho de demagógica y poco de eficiencia social. Pero claro las instituciones de educación superior también proveen bienes públicos como ciencia, tecnología y cultura. Al país le conviene que ella sea financiada adecuadamente pero sin olvidar que los retornos sociales de la inversión son mayores en las etapas iniciales de la vida escolar. Un segundo afinamiento supone reconocer que solo algunas de las universidades del Consejo de Rectores, tanto estatales como privadas tienen ventajas para proveer esos bienes.
Eso no significa que otras universidades no tengan un papel significativo que cumplir proveyendo docencia y bienes públicos específicos, pero eso no las hace universidades complejas o de investigación avanzada. Entonces la petición por mayores recursos para universidades estatales tiene, tarde o temprano, que balancearse con reestructuración significativa de otras universidades estatales.
Una tercera condición es que los recursos no sean entregados automáticamente a través de asignaciones presupuestarias. Las mejores universidades estatales estadounidenses (California – Berkeley, Virginia, California – Los Angeles, Michigan, North Carolina y Wisconsin, entre otras) reciben sólo un 6% y 22% de sus ingresos a través de esta vía, por supuesto, reciben también dineros de proyectos federales y estatales, pero a través de asignaciones competitivas y abiertas.
Esta forma de asignar recursos es indispensable para que las universidades líderes puedan ser desafiadas y se vean obligadas a mantener altos estándares académicos y de investigación. Algunos de los cambios ocurridos en las políticas de Conicyt y la estrategia que aspira a consolidar el Consejo de Innovación, que están allegando nuevos recursos a las universidades, van en esa dirección.
Un cuarto requisito, que está emparentado con el anterior, es que las universidades tienen que ser capaces de mostrar su relevancia.
Las universidades estadounidenses y las europeas, cada vez más, están accediendo a volúmenes crecientes de recursos del sector privado. El crédito tributario a las inversiones en investigación y desarrollo aprobado hace poco es un buen puente para lograr este objetivo. Hay que reflexionar, entonces, sobre la petición de más recursos públicos para las universidades estatales, pero atendiendo a consideraciones como las que aquí se han hecho.
Fuente: Diario La Tercera
