Mucho se ha hablado de las profundas transformaciones que han ocurrido en Chile en los últimos 25 años. La consolidación de una economía de mercado ha llevado a reducir en forma importante los índices de pobreza e impulsar el desarrollo productivo del país.
Sin embargo, existen otros fenómenos sociológicos que se han producido al abrir los espacios económicos de libertad, elección y competencia.
La retirada del Estado, a pesar de la confusa dirección de los gobiernos de la Concertación, ha llevado a que la movilidad social de gran parte de la población dependa de variables como la educación, la meritocracia y el esfuerzo personal. La mayoría de las personas están conscientes de que muchos aspectos de su vida dependen más de sus propias conductas y buen uso de oportunidades que de las acciones directas del Estado. Sin duda, existe aún un porcentaje importante de la población que depende de la las políticas sociales de promoción de oportunidades, así como de ayudas focalizadas, pero éstas tienen sentido en la medida que fomentan la posibilidad de acceder a un nivel de vida digno y aumentan las posibilidades de los ciudadanos para salir adelante y sobreponerse a dificultades.
Tal como Pablo Halpern lo mencionaba en Los Nuevos Chilenos y la Batalla por sus Preferencias y Eugenio Tironi en La Irrupción de las Masas y el Malestar de las Elites, en Chile las preocupaciones políticas en las últimas décadas han dejado de centrarse en cuestiones ideológicas o cosmovisiones políticas para trasladarse hacia temáticas que afectan directamente la vida de las personas y sus familias y vecinos. Así, asistimos a una transferencia de la preocupación de las personas desde lo ideológico a lo local. Temáticas como la oposición a la instalación de antenas de celulares en los barrios, oposición a vertederos o campañas ciudadanas para la defensa de las víctimas de la delincuencia o la creación de nuevos hospitales son una tónica creciente de organización ciudadana en nuestro país.
Los ciudadanos se asocian para defender sus intereses y derechos, oponerse a medidas estatales arbitrarias (como la reciente demanda colectiva de las víctimas del Transantiago) o promover iniciativas de impacto local.
Este proceso de empoderamiento civil, se da en base a libre asociación al margen de ideologías particulares y se yergue como una barrera de protección de los propios ciudadanos contra la ineficiencia o los abusos estatales.
Curiosamente, esta línea de acción centrada en el asociacionismo ciudadano está ligada a la maduración de una economía de mercado, donde los individuos desean que el Estado no se interponga en el ejercicio de sus libertades o, por negligencia, deteriore su calidad de vida. Recordemos como en Estados Unidos, los movimientos por los derechos civiles surgen de personas que defienden sus libertades a partir de problemas locales, tal como la resistencia civil encabezada por Martin Luther King contra la discriminación contra las personas de color en el transporte público en Montgomery.
Cuando en Chile vemos que nadie paga por los casos de corrupción y se repiten las malas prácticas en las administraciones de la Concertación, no podemos sentirnos sino esperanzados por este despertar ciudadano que busca poner atajo a la administración pública ineficiente, indolente y/o negligente.
Sin embargo, existen otros fenómenos sociológicos que se han producido al abrir los espacios económicos de libertad, elección y competencia.
La retirada del Estado, a pesar de la confusa dirección de los gobiernos de la Concertación, ha llevado a que la movilidad social de gran parte de la población dependa de variables como la educación, la meritocracia y el esfuerzo personal. La mayoría de las personas están conscientes de que muchos aspectos de su vida dependen más de sus propias conductas y buen uso de oportunidades que de las acciones directas del Estado. Sin duda, existe aún un porcentaje importante de la población que depende de la las políticas sociales de promoción de oportunidades, así como de ayudas focalizadas, pero éstas tienen sentido en la medida que fomentan la posibilidad de acceder a un nivel de vida digno y aumentan las posibilidades de los ciudadanos para salir adelante y sobreponerse a dificultades.
Tal como Pablo Halpern lo mencionaba en Los Nuevos Chilenos y la Batalla por sus Preferencias y Eugenio Tironi en La Irrupción de las Masas y el Malestar de las Elites, en Chile las preocupaciones políticas en las últimas décadas han dejado de centrarse en cuestiones ideológicas o cosmovisiones políticas para trasladarse hacia temáticas que afectan directamente la vida de las personas y sus familias y vecinos. Así, asistimos a una transferencia de la preocupación de las personas desde lo ideológico a lo local. Temáticas como la oposición a la instalación de antenas de celulares en los barrios, oposición a vertederos o campañas ciudadanas para la defensa de las víctimas de la delincuencia o la creación de nuevos hospitales son una tónica creciente de organización ciudadana en nuestro país.
Los ciudadanos se asocian para defender sus intereses y derechos, oponerse a medidas estatales arbitrarias (como la reciente demanda colectiva de las víctimas del Transantiago) o promover iniciativas de impacto local.
Este proceso de empoderamiento civil, se da en base a libre asociación al margen de ideologías particulares y se yergue como una barrera de protección de los propios ciudadanos contra la ineficiencia o los abusos estatales.
Curiosamente, esta línea de acción centrada en el asociacionismo ciudadano está ligada a la maduración de una economía de mercado, donde los individuos desean que el Estado no se interponga en el ejercicio de sus libertades o, por negligencia, deteriore su calidad de vida. Recordemos como en Estados Unidos, los movimientos por los derechos civiles surgen de personas que defienden sus libertades a partir de problemas locales, tal como la resistencia civil encabezada por Martin Luther King contra la discriminación contra las personas de color en el transporte público en Montgomery.
Cuando en Chile vemos que nadie paga por los casos de corrupción y se repiten las malas prácticas en las administraciones de la Concertación, no podemos sentirnos sino esperanzados por este despertar ciudadano que busca poner atajo a la administración pública ineficiente, indolente y/o negligente.
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